Denuncian falta de aplicación de Ley Olimpia en casos de violencia digital
Una menor de edad y su madre enfrentan una campaña de acoso digital orquestada por el padre de la víctima, ante la inacción de las autoridades locales.

Una menor de edad y su madre han denunciado ser víctimas de una severa campaña de acoso y violencia digital, impulsada presuntamente por el padre de la menor. La situación, que ha escalado en las últimas semanas, se caracteriza por la difusión de contenido sensible y ataques coordinados en plataformas de redes sociales, fenómeno identificado por especialistas como una embestida de la denominada machósfera, que busca vulnerar la integridad de ambas mujeres.
A pesar de la existencia de la Ley Olimpia, marco legal vigente en México que tipifica y sanciona la violencia digital, las víctimas enfrentan obstáculos significativos al intentar acceder a la justicia. Según reportes de las afectadas, diversos agentes del Ministerio Público han manifestado desconocimiento sobre los protocolos técnicos y jurídicos necesarios para aplicar esta ley, lo que ha derivado en la dilación de las investigaciones y una protección insuficiente ante las agresiones constantes en línea.
El equipo jurídico que acompaña a las víctimas señala que la falta de capacitación especializada en las fiscalías estatales constituye una barrera estructural para frenar el acoso. Mientras el agresor continúa utilizando canales digitales para intimidar a la madre y a la menor, la respuesta de las instituciones se ha limitado a trámites burocráticos que no logran detener la exposición pública de las víctimas ni mitigar el daño psicológico causado por esta violencia cibernética.
Ante este panorama, las afectadas han solicitado la intervención de instancias superiores para que se agilicen las medidas de protección y se proceda con la investigación correspondiente bajo los lineamientos de la Ley Olimpia. La exigencia central es que las autoridades de procuración de justicia homologuen criterios y establezcan unidades especializadas capaces de rastrear y sancionar a los perpetradores de violencia de género en el entorno digital, garantizando así el derecho a la seguridad y la privacidad de niñas y mujeres en el país.


