Desplazados de Buenavista cumplen un año sin retorno a sus hogares
Familias desplazadas de Buenavista permanecen fuera de sus viviendas tras la incursión armada sufrida hace un año por parte de un grupo de Santa María Yolotepec.
A un año de la incursión armada perpetrada por un grupo proveniente de Santa María Yolotepec, decenas de familias originarias de Buenavista permanecen desplazadas de sus hogares. El conflicto, que estalló en agosto de 2025, obligó a los residentes a abandonar sus pertenencias y tierras ante el avance de civiles armados que tomaron control de la zona, impidiendo hasta la fecha el retorno seguro de los pobladores originales.
Desde el inicio de la crisis, los habitantes desplazados han solicitado la intervención de las autoridades federales para garantizar condiciones de seguridad que permitan el regreso a sus domicilios. Pese a las mesas de diálogo instaladas por la Secretaría de Gobernación y la presencia intermitente de elementos de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la región, los afectados denuncian que las condiciones de violencia persisten y el riesgo de ser blanco de ataques sigue vigente.
La situación de los desplazados ha sido documentada por diversas organizaciones civiles, quienes señalan la precariedad en la que viven las familias en albergues temporales o casas de familiares en municipios aledaños. La falta de un plan integral de retorno, que incluya la recuperación de las propiedades y la garantía de que el grupo agresor se ha retirado definitivamente, mantiene a los vecinos en una incertidumbre prolongada sin fecha clara de resolución.
Por su parte, el gobierno estatal y las instancias de seguridad han planteado la necesidad de consolidar un operativo de vigilancia permanente para retomar el control territorial en Buenavista. Las autoridades han manifestado su intención de coordinar esfuerzos con la SEDENA para pacificar la zona, aunque hasta el momento no se ha concretado un despliegue operativo que asegure el restablecimiento de la paz social en la localidad.
El impacto económico y social en la región ha sido severo, afectando las actividades productivas y el tejido comunitario de los pobladores de Buenavista. Mientras las gestiones continúan en el ámbito de la seguridad pública, las familias desplazadas mantienen su exigencia de justicia y la restitución inmediata de sus derechos básicos de vivienda y seguridad, ante un conflicto que parece estancado tras doce meses de espera.
