FMI eleva a 1.5% pronóstico de crecimiento para México en 2026
El Fondo Monetario Internacional ajustó al alza sus expectativas para la economía mexicana, impactando variables clave como el empleo y las tasas de interés.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó este martes sus proyecciones económicas para México, elevando su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a 1.5% para el cierre de 2026. Esta revisión al alza refleja una resiliencia mayor a la esperada en la actividad industrial y el dinamismo del consumo interno, factores que el organismo internacional destaca como pilares para la estabilidad macroeconómica del país en el presente ejercicio fiscal.
Para los ciudadanos, este ajuste en las expectativas tiene implicaciones directas en su economía cotidiana, comenzando por el mercado laboral. Un crecimiento moderado sugiere que las empresas podrían mantener ritmos de contratación estables, facilitando la creación de plazas formales registradas ante el IMSS. No obstante, especialistas financieros advierten que la magnitud de este crecimiento aún es insuficiente para generar un impacto drástico en el poder adquisitivo de los salarios reales ante la persistencia de presiones inflacionarias.
En cuanto a los créditos, la política monetaria sigue bajo la supervisión del Banco de México, que mantiene una postura cautelosa para controlar la inflación. Si el crecimiento se mantiene en los niveles proyectados, es probable que las tasas de interés de referencia no presenten recortes agresivos en el corto plazo. Esto significa que los usuarios de créditos hipotecarios, automotrices o tarjetas de crédito seguirán enfrentando costos financieros elevados, lo que obliga a las familias a priorizar el manejo responsable de sus deudas y evitar el sobreendeudamiento.
Finalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha señalado que continuará monitoreando estos indicadores para ajustar la política fiscal del país. El objetivo gubernamental es aprovechar este ligero repunte en la actividad económica para fortalecer la recaudación a través del SAT y asegurar que los programas de bienestar y los proyectos de infraestructura sigan operando sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas nacionales.


