La falta de espectro radioeléctrico limita el desarrollo de IA y 5G

Ver una serie desde el celular, pedir comida, realizar una transferencia bancaria o utilizar un asistente de inteligencia artificial parecen actividades cotidianas sencillas, pero dependen totalmente de una infraestructura de telecomunicaciones robusta. En México, la aspiración de liderar la transformación digital se enfrenta hoy a un obstáculo técnico crítico: la insuficiencia de espectro radioeléctrico disponible para las operadoras. A pesar del crecimiento en la demanda de datos móviles, el mercado mexicano ha mostrado una desconexión entre la ambición tecnológica y la capacidad física de sus redes actuales.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha señalado en diversas mesas de trabajo que el espectro es el motor invisible que permite la conectividad de alta velocidad. Sin embargo, la asignación de estas bandas de frecuencia ha sido motivo de debate constante entre el regulador y las empresas concesionarias. La falta de este recurso impide que el despliegue de las redes 5G alcance una cobertura nacional efectiva, manteniendo a muchas regiones del país con una conectividad limitada que no logra soportar las exigencias de la inteligencia artificial moderna.

Especialistas del sector advierten que, sin una estrategia clara para liberar y licitar nuevas frecuencias, México corre el riesgo de rezagarse frente a otras economías emergentes. La inteligencia artificial requiere una latencia mínima y una transferencia de datos constante, condiciones que solo pueden cumplirse plenamente con una red 5G densamente desplegada. Actualmente, la saturación en las bandas existentes provoca que la experiencia del usuario sea irregular, especialmente en zonas de alta densidad poblacional donde la demanda supera la capacidad instalada.

Ante este panorama, la industria ha propuesto revisar las condiciones de pago de derechos de espectro, argumentando que los costos actuales desincentivan la inversión en infraestructura de largo alcance. La propuesta del sector privado busca que las políticas públicas se alineen para facilitar una expansión más equitativa, permitiendo que tanto empresas como usuarios finales se beneficien del potencial que ofrecen las nuevas tecnologías. El desafío para el gobierno federal reside en equilibrar la recaudación fiscal con la necesidad imperativa de modernizar la conectividad nacional antes de que la brecha digital se profundice aún más.