Padres de los 43 normalistas rechazan nueva propuesta de Comisión de la Verdad
Familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala solicitaron a la SCJN impedir la creación de una nueva comisión, exigiendo resultados concretos de la investigación oficial.
A doce años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, un grupo de familiares de los normalistas desaparecidos presentó una solicitud formal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El objetivo de los padres es detener la implementación de una nueva Comisión de la Verdad, argumentando que dicha instancia retrasaría los procesos legales y diluiría la responsabilidad institucional en el caso.
Los representantes de los familiares expresaron su descontento ante el reciente reporte emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Según sostienen, las recomendaciones de la instancia no ofrecen una ruta clara para la localización de sus hijos ni para la judicialización efectiva de los probables responsables, por lo que consideran necesario que el Poder Judicial intervenga para agilizar las indagatorias vigentes ante la Fiscalía General de la República.
La postura de los padres se centra en la exigencia de que se mantenga el seguimiento del caso a través de las vías judiciales ya establecidas. De acuerdo con los voceros del grupo, la creación de organismos adicionales sin facultades coercitivas contundentes representa una medida insuficiente frente a la urgencia de justicia que han reclamado durante más de una década.
La SCJN deberá valorar el recurso presentado para determinar si procede la suspensión de los actos derivados de la resolución administrativa cuestionada. Mientras tanto, los familiares han reiterado que su petición busca evitar que el caso se convierta en un ejercicio de simulación política, priorizando el derecho a la verdad y a la justicia plena sobre cualquier nueva estructura institucional que no garantice resultados inmediatos.
Este movimiento legal ocurre en un momento clave para el seguimiento de las investigaciones federales sobre la desaparición forzada ocurrida en septiembre de 2014. Los padres sostienen que, lejos de buscar nuevos foros de diálogo, el Estado debe concentrar sus esfuerzos en la persecución penal de los implicados y en la búsqueda efectiva en las zonas señaladas por las autoridades estatales y federales.
