Sheinbaum analiza investigar a Carlos Ulloa tras compra de departamentos

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló este sábado que no se descarta el inicio de una investigación formal por parte de la Secretaría Anticorrupción en torno a la situación patrimonial de Carlos Ulloa. El posicionamiento surge tras los señalamientos públicos respecto a la adquisición de dos departamentos realizados mediante pagos de contado, los cuales han generado cuestionamientos sobre la transparencia y el origen de los recursos involucrados.

Durante su habitual comunicación con medios de comunicación, la titular del Ejecutivo federal subrayó que cualquier funcionario o exservidor público debe estar sujeto al escrutinio de las instituciones correspondientes si existen dudas sobre su actuar. La mandataria puntualizó que la nueva Secretaría Anticorrupción cuenta con las facultades necesarias para revisar este tipo de operaciones financieras y determinar si existió alguna irregularidad en la declaración patrimonial o en el manejo de capitales.

Aunque la Presidenta no confirmó el inicio inmediato de un proceso sancionatorio, dejó claro que la instrucción para el gabinete es mantener una política de cero tolerancia a la opacidad. Según fuentes cercanas al equipo de la Presidencia, el objetivo de esta posible revisión es garantizar que todos los actos de quienes han formado parte de la administración pública se apeguen estrictamente a la ley y a los principios de austeridad republicana.

El caso de Carlos Ulloa ha tomado relevancia en el ámbito político nacional debido a la naturaleza de las transacciones inmobiliarias reportadas. Por su parte, el entorno del funcionario ha señalado que se encuentran en disposición de colaborar con cualquier requerimiento de información que las autoridades federales consideren pertinente para esclarecer el origen lícito de sus recursos y deslindar cualquier tipo de responsabilidad administrativa.

La Secretaría Anticorrupción, pieza clave en la actual estructura del gobierno federal, se mantiene como el órgano encargado de auditar y fiscalizar el patrimonio de los servidores públicos. Se espera que en los próximos días se defina si el área de inteligencia financiera o la dependencia responsable de la ética pública formalizarán una carpeta de investigación para analizar los documentos notariales y los registros de las propiedades señaladas.