Sobrinos de figura política permanecen recluidos en el penal de El Altiplano
Dos familiares cercanos a un actor político enfrentan procesos judiciales en el penal de máxima seguridad de El Altiplano por su presunta participación en el contrabando de combustibles.

Este martes primero de septiembre de 2026, las autoridades penitenciarias confirmaron que dos sobrinos de una destacada figura política mexicana continúan recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano. Ambos individuos fueron puestos a disposición de la justicia bajo acusaciones formales de formar parte central de una organización criminal dedicada al contrabando de combustibles, un delito que ha sido prioridad para las fuerzas de seguridad federales en los últimos meses.
La investigación, encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), señala que los imputados presuntamente coordinaban la logística y los puntos de distribución ilícita de hidrocarburos en diversas entidades del país. El caso ha generado un seguimiento puntual por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), debido a la magnitud de la estructura operativa que fue desarticulada tras meses de labores de inteligencia coordinadas con la Secretaría de la Defensa Nacional.
Durante las audiencias iniciales, la defensa de los acusados ha buscado controvertir los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público Federal. Sin embargo, los jueces de control han ratificado la medida de prisión preventiva oficiosa, argumentando el riesgo de fuga y la gravedad de las actividades delictivas imputadas, las cuales han afectado directamente las operaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
El entorno político ha mantenido una postura de reserva respecto al proceso judicial, evitando emitir juicios sobre la culpabilidad o inocencia de los involucrados. Mientras tanto, las autoridades judiciales continúan con la etapa de investigación complementaria, esperando que en las próximas semanas se presenten nuevos testimonios y pruebas periciales que permitan determinar la responsabilidad penal definitiva de los sobrinos de la figura política ante el Poder Judicial de la Federación.


